jueves, 7 de septiembre de 2017

Persas de Londres

¿Ha muerto o ha quedado tocada la democracia en Cataluña ayer?

No hay que ser un (falso) persa de Montesquieu para poder interesarse por cómo lo ven los vecinos.

The Guardian lo ve de este modo, por ejemplo.


Aquí.

Y aquí en tradu exprés.

  
" Cataluña votará la independencia a pesar del enfado de Madrid

El Gobierno español ha acusado al Parlamento catalán de haber cometido una "atropello constitucional y democrático" al aprobar una legislación que permite celebrar el duramente disputado referéndum el próximo mes.
Este miércoles por la noche, la coalición gobernante y pro soberanista de la región -que tiene mayoría en el Parlamento catalán- logró que se aprobara la ley de referéndum a pesar de las airadas objeciones de los diputados de la oposición, quejosos de que se habían ignorado los procedimientos parlamentarios habituales.
La ley fue aprobada en Barcelona por 72 votos después de que 52 diputados de la oposición saliesen en protesta de la Cámara al final de una airada sesión de 11 horas.
La medida fue denunciada por el Gobierno español, que una vez más dijo que haría todo lo posible, legal y políticamente, para impedir que la votación se produzca el 1 de octubre.
El primer ministro español, Mariano Rajoy, ordenó a los abogados del ejecutivo a presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se anule la votación.
La fiscalía también anunció que está preparando una querella contra parlamentarios catalanes -incluida la Presidenta, Carme Forcadell- por desobedecer las resoluciones judiciales anteriores que prohíben tomar medidas legislativas en pos de la independencia.
Los separatistas catalanes insisten en que la rica región del noreste tiene un derecho político, económico y cultural a la autodeterminación.
Pero Madrid se opone a la independencia, argumentando que es una violación de la Constitución, y se ha negado a ofrecer un referéndum al estilo escocés sobre el asunto.
La viceprimera ministra de España, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó la jornada de "bochornosa" y una traición a la democracia y a la Constitución española.
Añadió que Forcadell y los suyos habían despreciado la ley y a sus compatriotas al aprobar dicho proyecto de ley, y que Forcadell "no sabe lo que es o no es una democracia".
Sáenz de Santamaría continuó diciendo que "el Gobierno defenderá la libertad, la democracia y la convivencia. No vamos a consentir que la ley se incumpla en España. Que nadie dude de que sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos”.
Un portavoz del partido centrista Ciudadanos acusó a Forcadell y otros de convertir el Parlamento en "El Teatro Nacional  de Cataluña", mientras que el líder nacional del partido, Albert Rivera, declaraba que el país estaba viviendo "un golpe contra la democracia".
Más tarde, el miércoles por la noche, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, anunció su intención de presentar una moción de censura contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, para forzar unas nuevas elecciones autonómicas.
Forcadell, veterana activista por la independencia catalana y miembro de la coalición gobernante Junts pel Sí, ya arrostra diversas imputaciones penales por desobedecer al Tribunal  Constitucional español en julio del año pasado al permitir un debate parlamentario sobre una hoja de ruta para la independencia.
En un tuit del miércoles, anunció que recusaba a los miembros del Tribunal, argumentando que éstos eran cargos políticos y que como tales representaban "otra extensión del Estado, que ha perdido toda legitimidad".
Forcadell es uno de los políticos separatistas catalanes de mayor rango que ha sido llevado ante la justicia.
En marzo de este año, el ex presidente catalán, Artur Mas, fue inhabilitado de cargos públicos durante dos años después de ser declarado culpable de desobedecer al Tribunal Constitucional español por celebrar un referéndum simbólico de independencia en noviembre de  2014. También fueron condenados , e inhabilitados temporalmente, la vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau.
El martes, el Tribunal de Cuentas de España ordenó a Mas y a otras 10 ex autoridades catalanas reembolsar al Estado el coste de 5,1 millones de euros del mencionado referéndum.
Según una encuesta de finales de julio, el 49,4% de los catalanes está en contra de la independencia, mientras que el 41,1% lo apoya. Sin embargo, una encuesta de esta última semana determinó que si el referéndum se celebra, la campaña sí obtendría el 72% de los votos con una participación del 50%.
El Gobierno catalán no ha fijado un umbral de participación mínima y ha declarado que la votación será vinculante independientemente del nivel de participación.
Hace tres meses, Puigdemont anunció que el referéndum se celebraría el 1 de octubre y que se preguntaría a los votantes: "¿Quiere que Cataluña sea un país independiente en forma de República?".
Más del 80% de los consultados optó por la independencia en la consulta de 2014, aunque sólo participaron 2,3 millones de los 5,4 millones de electores de Cataluña.
El Gobierno catalán insiste en que los resultados de la votación de octubre serán jurídicamente vinculantes. Si tiene éxito, el Gobierno regional declarará la independencia de España  48 horas después  del resultado que avale la construcción de un estado soberano.
En un discurso en Madrid el pasado mes de mayo, Puigdemont dijo que su gobierno tenía un compromiso "democráticamente inviolable" con el referéndum, y acusó a Rajoy de no hacer nada "serio, sincero o real" para abordar el tema.
La mayoría de los catalanes está a favor de un referéndum para resolver la cuestión de la independencia, pero las encuestas sugieren que están divididos sobre el tema."
Sam Jones




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Así lo ven los persas de Londres.